Perfil de los imputados del caso Odebrecht

Por Redacción (vozlibrerd@gmail.com)

Santo Domingo.El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional integrada por las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo darán sentencia definitiva del caso que lleva cinco años en los tribunales.

El Ministerio Público pide condena de diez años de cárcel para a Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa, siete años para Conrado Pittaluga y cinco años para los demás implicados.

Además pide la confiscación de los inmuebles propiedad de los seis implicados caso Odebrecht, y de las cuentas bancarias y certificados financiero depositado en pesos y dólares, en distintos bancos del país.

Ángel Rondón Rijo, Víctor José Díaz Rúa, Conrado Enrique Pittaluga Arzeno, Porfirio Andrés Bautista García, Tommy Alberto Galán Grullón y Juan Roberto Rodríguez Hernández, son los implicados que llegaron al final del proceso por el caso Odebrecht.

A continuación les presentamos un breve perfil de cada uno y de los hechos que se les imputan:

Ángel Rondón Rijo

Identificado como el hombre del maletín. Figura en la acusación del Ministerio Público de ser autor de los delitos de asociación de malhechores, soborno y lavado de activos, todos en perjuicio del Estado Dominicano. Era el representante comercial de la empresa y se le acusa de pagar los sobornos a los políticos y empresarios involucrados en el caso.

Les imputa haber participado en la recepción y distribución de los US$92 millones que la constructora brasileña admitió haber entregado en el país con el fin de ser favorecida con la adjudicación de grandes obras estatales.

Víctor José Díaz Rúa
El exministro de Obras Públicas durante el gobierno del expresidente Leonel Fernández es acusado como autor de los delitos de soborno, prevaricación, falsedad en escritura pública, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

“El imputado Víctor José Díaz Rúa incurrió en el delito de lavado de activos, conducta típica que realizó al convertir, transferir, ocultar y encubrir el dinero producto de los actos ilícitos constitutivos de soborno y enriquecimiento ilícito cometidos contra el Estado dominicano”, reza en el expediente acusatorio depositado por el Ministerio Público solicitando apertura a juicio

Conrado Enrique Pittaluga Arzeno
Es acusado como cómplice en el delito de soborno, y como autor de los delitos de enriquecimiento patrimonial derivado de actividad delictiva y lavado de activos.

“Comprobamos que sirvió como testaferro y cómplice del imputado Víctor José Díaz Rúa, recibiendo sobornos millonarios para la adjudicación a Odebrecht de la Autopista del Coral, contando el expediente con las transferencias de más de 6 millones de dólares que fueron colocados en una cuenta bancaria en Antiguas y Barbudas y desde la cual posteriormente se transfirieron fondos a una sociedad propiedad de familiares del imputado Víctor José Díaz Rúa”, señala.

Según el Ministerio Público, la acusación ha establecido en el transcurso del juicio que supuestamente el imputado manejó más de 100 millones de pesos, un millón de dólares y más de 50 mil euros, “ producto de las actividades ilícitas de la constructora brasileña relacionadas a la entrega de sobornos”.

Porfirio Andrés Bautista García
El presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) es acusado como autor de los delitos de soborno, prevaricación, falsedad, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

“Verificamos que durante los años que fungió como Presidente del Senado el mismo intervino en la aprobación de financiamientos de obras como la Ampliación de la Línea Noroeste y la Hidroeléctrica Palomino, y que el imputado falseó su declaración jurada y movilizó millonarias sumas de dinero en cuentas no declaradas, tratando de ocultar millones de pesos de origen ilícito, detentando hoy un multimillonario patrimonio que sencillamente no puede justificar”, precisa la acusación.

Igualmente indicó que Bautista García, quien representó a la provincia Espaillat como senador y presidente del Senado durante las legislaturas de los años 2001-2002, 2002-2003, 2004-2005 y 2005-2006, recibió durante el ejercicio de sus funciones cuantiosos sobornos de la compañía Constructora Norberto Odebrecht, S.A., a través del imputado principal del caso, Ángel Rondón Rijo.

Tommy Alberto Galán Grullón
El exsenador y exdiputado de la provincia de San Cristóbal es acusado de ser autor de los delitos de soborno, prevaricación, falsedad, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

El Ministerio Público lo señala como el principal contacto de Ángel Rondón para favorecer a Odebrecht.

“Confirmamos la existencia de un patrimonio que aumentó significativamente a partir del año 2010, justamente en el período en el que fungía como Presidente de la Comisión de Hacienda del Senado desde la cual conforme los mismos delatores de Odebrecht influenciaba en la aprobación del financiamiento de numerosos proyectos a cambio de prebendas, contando también con un patrimonio millonario que no puede justificar”, dice la acusación contra Galán.

Alegan que Galán Grullón que incrementó su patrimonio de forma fraudulenta en 12 millones y ocultó más de 63 millones en su declaración del valor de sus inmuebles

Juan Roberto Rodríguez Hernández
El también exdiputado y exsenador es señalado como autor de los delitos de soborno, prevaricación, falsedad, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

“Gracias a la investigación financiera realizada por el Ministerio Público, encontramos evidencia de pagos en cheques que le fueron realizados directamente por parte de una empresa de Ángel Rondón Rijo. Hablamos de cheques de soborno recibidos y canjeados por el mismo imputado. Asimismo, la investigación arrojó que el imputado Juan Roberto Rodríguez Hernández falseó su declaración jurada y ocultó numerosos inmuebles, productos financieros y empresas, a fin de no revelar el sustancial patrimonio que había acumulado ilícitamente”, indica en la acusación.

El Ministerio Público le atribuye al exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) los delitos de soborno en el ejercicio de la función pública, enriquecimiento ilícito y falsedad en declaraciones juradas, además de lavado de activos producto de infracciones graves.