Piden prisión preventiva contra imputados operación Cattleya

Por Redacción (vozlibrerd@gmail.com)

PALZAN COERCION PARA EL JUEVES

Santo Domingo.- La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Elianni Mena, aplazó  para este jueves  la solicitud de medida de coerción a los implicados en una red de trata de personas, con fine de explotación sexual, que fue desmantelada mediante la operación «Cattleya».

La magistrada adopto la decisión a los fines que los abogados conozcan el expediente y puedan preparar sus alegado de defensa a favor de sus representado, así también para que este presente un traductor especial ya que hay tres extranjero implicado en la red de Trata de Personas.

Los imputados  son:  José Miguel Noches Guridi, Daniel Enrique Inútil Abreu, José Alberto Soriano Rosario, Oscar Wicene, Melvin José Valentín Peguero, Cristina Virginia González Hernández, María Paula Murillo Vargas,Louis Marie Nephtalie, Oliver Arnaud Lewinski, Rober Lee Eleuterio Paniagua Díaz, Angélica Jhoana Quintero Niño, María Colina Achille, Alejandro Arturo Batista Bustamante, Ramón Altagracia Oviedo Castillo y Carlos Johnatan Walwyn Campusano Díaz.

El Ministerio Público solicita prisión a unas quince personas implicadas en la organización creada para cometer el delito de trata de personas, para obligar a las varias mujeres de nacionalidad colombiana y venezolana.

Las autoridades realizaron varios allanamientos en el Distrito Nacional y en la región Este, donde rescataron 80 mujeres de nacionalidad colombiana y venezolanas, y ocuparon drogas en los lugares que realizaron los operativos.

De acuerdo con las autoridades, las redes criminales movilizaban a las jóvenes mujeres con la promesa de un trabajo bien remunerado en República Dominicana, pero las explotaban sexualmente.

Las víctimas eran ubicadas tanto en el Distrito Nacional como en Bávaro Punta Cana, provincia La Altagracia, donde ofertaban los servicios sexuales a un costo desde 100 a 150 dólares por una hora y hasta 400 dólares por noche.

Estas jóvenes entre 18 y 23 años de edad, eran traídas al país, luego eran obligadas a admitir que tenían una deuda contraída de entre US$3,000 y US$4,000 con las redes que las movilizaban, les obligaban a consumir sustancias controladas, las sometían a tratos vejatorios e infrahumanos y no les permitían ninguna libertad propia de cualquier ser humano, lo que llevó a varias de ellas a escaparse.

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