Consejo de Ministros trata sobre sanciones penales en admistración pública
Por Redacción vozlibrerd@gmail.com
SANTO DOMINGO.,-El presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña encabezaron este miércoles el quincuagésimo primer Consejo de Ministros, que tuvo como tema principal conocer los tipos penales relacionados con la administración pública del nuevo Código Penal, así como la nueva Ley de Contrataciones Públicas.
Las informaciones fueron dadas a conocer por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, tras finalizar el encuentro en el Palacio Nacional, que duró más de dos horas.
Manifestó que las nuevas normativas buscan consolidar la transparencia, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción.
Código Penal
La procuradora general de la República, magistrada Yeni Berenice Reynoso, fue quien presentó los principales aspectos del nuevo código, el cual incorpora una tipificación más rigurosa y moderna de los delitos vinculados a la administración pública, según explicó
Entre las novedades se destacan sanciones más severas para casos de corrupción administrativa, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, colusión en contrataciones públicas, soborno, peculado y lavado de activos.
Además, introduce disposiciones que refuerzan la responsabilidad penal de funcionarios y servidores públicos, así como mecanismos para garantizar mayor efectividad en los procesos judiciales relacionados con estos delitos.
La pieza también incorpora estándares internacionales de lucha contra la corrupción, alineando el marco jurídico dominicano con las recomendaciones de organismos multilaterales, lo que representa un paso firme hacia la consolidación del Estado de derecho y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática.
Nueva Ley 47-25 de Contrataciones Públicas
El director de la Dirección General de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, explicó en la reunión los detalles de la nueva legislación, promulgada en julio de 2025.
Entre sus avances destacan la implementación de la plataforma Pladicop para la trazabilidad digital de los procesos y la incorporación de sanciones penales para actos de corrupción.
También para la promoción de la inclusión social (con un 30 % de las compras reservadas para Mipymes y empresas lideradas por mujere
