Continúan las reacciones por permiso dado a EU para operaciones contra el narcotráfico
Por Ricardo Curiel curielmiguel479@gmail.com
SANTO DOMINGO.,-El gobierno de la República Dominicana autorizó recientemente a Estados Unidos el uso temporal de áreas restringidas en la Base Aérea de San Isidro y el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) para operaciones logísticas conjuntas en la lucha contra el narcotráfico. Esta decisión ha generado alertas y un amplio rechazo por parte de diversas organizaciones políticas y sociales dominicanas.
Detalles del Acuerdo Temporal
- Propósito: El acuerdo tiene como objetivo reforzar la vigilancia aérea y marítima y las operaciones antidrogas en el Caribe, como parte de la operación estadounidense «Lanza del Sur».
- Alcance: La autorización permite el reabastecimiento de combustible y el transporte de equipos y personal técnico de EE. UU. en las instalaciones dominicanas.
- Supervisión: El gobierno dominicano ha indicado que todas las operaciones estarán bajo la supervisión del Ministerio de Defensa y la Dirección Nacional de Seguridad.
- Marco Legal: Las autoridades dominicanas han aclarado que estas operaciones están amparadas por acuerdos de colaboración legal preexistentes que datan de 1995 y 2003.
Reacciones y Alertas
Varias organizaciones y partidos de oposición han expresado su preocupación y rechazo, alegando que la medida podría comprometer la soberanía nacional y la independencia del Estado.
- El Frente Amplio advirtió que permitir la presencia de fuerzas militares extranjeras por tiempo indeterminado o sin control jurisdiccional dominicano constituye un riesgo para la integridad del país.
- El Partido Comunista Dominicano y otras organizaciones patrióticas y de izquierda se unieron al rechazo, considerando que la decisión es un acto de «servilismo a los intereses imperialistas» de EE. UU..
- Algunos analistas han interpretado que la medida, aunque temporal, sitúa a la República Dominicana en una posición geopolítica delicada en el contexto de las tensiones en la región del Caribe.
Por otro lado, el gobierno y sus defensores argumentan que el acuerdo es legal, temporal y que fortalece las capacidades de seguridad del país, sin violar la soberanía.
