«Ante las declaraciones del expresidente Danilo Medina sobre el DR-CAFTA y la derogación del decreto 693-24, queremos precisar que no es cierto que el expresidente haya solicitado una dispensa hasta el 2035 para posponer la entrada plena del libre comercio en materia arrocera.

Para ese entonces, el expresidente de la Federación Nacional de Productores de Arroz, FENARROZ, Oliverio Espaillat Bencosme, hoy ministro de Agricultura, quien fungía como asesor honorífico de Osmar Benítez, ministro de Agricultura de ese período, había solicitado en múltiples ocasiones reunirse con el presidente Danilo Medina para analizar la situación del arroz y los riesgos derivados del calendario del DR-CAFTA. Sin embargo, esa reunión nunca llegó a concretizarse.

Si realmente existía una gestión formal de dispensa ante los Estados Unidos, lo lógico habría sido que el liderazgo arrocero nacional, las federaciones, los productores y las autoridades sectoriales conocieran su alcance, sus fundamentos y sus resultados. Pero eso no ocurrió.

De igual manera, la visita de un alto funcionario de los Estados Unidos al país en el año 2019 para analizar la situación de entonces tampoco fue informada al liderazgo productivo en los términos que hoy se sugieren. Un tema de esa magnitud no podía manejarse de espaldas a quienes producen, financian, industrializan y sostienen el arroz dominicano.

Por tanto, el Gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader Corona no actuó por populismo, demagogia ni improvisación. Calificar como “decreto populista” una medida orientada a proteger la seguridad alimentaria nacional y a defender al sector arrocero constituye una apreciación errónea frente a un tema que debe tratarse con responsabilidad de Estado.

El decreto tuvo como base una interpretación legítima del propio DR-CAFTA, particularmente de su artículo 21.2, relativo a la seguridad esencial. Esa disposición establece que ninguna parte del tratado puede ser impedida de aplicar medidas que considere necesarias para proteger sus intereses esenciales en materia de seguridad.

Sobre esa base, la República Dominicana definió la seguridad alimentaria como un interés esencial de seguridad nacional, y dentro de esa visión el arroz ocupa un lugar estratégico. No se trata de desconocer un acuerdo comercial ni de desafiar a los Estados Unidos, sino de ejercer una facultad reconocida dentro del propio tratado para proteger un producto básico de la dieta dominicana, de la economía rural y de la estabilidad social del país.

Por eso resulta improcedente presentar el decreto como una acción demagógica. La defensa del arroz dominicano no puede reducirse a una frase política. Estamos hablando de miles de productores, empleos rurales, factorías, financiamientos, comunidades completas y una cadena productiva que durante décadas ha garantizado alimento y estabilidad al pueblo dominicano.

La derogación del decreto no significa abandono del sector arrocero. Significa la apertura de una nueva etapa en la que el Gobierno continuará trabajando con más planificación, más acompañamiento técnico, más mecanización, más financiamiento y mejores condiciones para preservar la producción nacional».