Propuesta del Gobierno al Código Penal mantiene prisión por difamación de uno a dos años
Por Ricardo Curiel curielmiguel479@gmail.com
Tambió¡én elimina
SANTO DOMINGO,.- La propuesta de reforma al nuevo Código Penal dominicano introducida en el Congreso Nacional reduce la sanción por difamación a un rango de uno a dos años de prisión menor. El texto original de la Ley 74-25 contemplaba castigos severos de hasta cinco años de cárcel.
Puntos clave de la modificación
Las modificaciones presentadas buscan equilibrar la protección al honor frente a las fuertes críticas de censura de la denominada «ley mordaza». Los cambios principales incluyen:
- Reducción de cárcel: El delito de difamación simple (artículo 208) pasa de una escala previa de dos a cinco años a un periodo fijo de uno a dos años de prisión menor.
- Multas económicas: Se mantiene la penalización financiera original, estipulando montos que van desde los nueve a quince salarios mínimos del sector público.
- Medios digitales: Se elimina la agravante que aumentaba la pena de prisión de forma drástica si la difamación era cometida a través de redes sociales, ciberespacio o servicios de streaming.
- Funcionarios públicos: Se suprime la protección especial por el delito de ultraje hacia la generalidad de los funcionarios gubernamentales, limitándolo exclusivamente a los jueces y miembros del poder judicial.
Entre las principales propuestas figura que el delito de ultraje, entendido como insultos u ofensas, ya no protegerá a los funcionarios del Gobierno, y se reducen las penas por difamación.
- Uno de los cambios más relevantes recae sobre el artículo 310, que originalmente castigaba los insultos contra cualquier funcionario mediante palabras, gestos o amenazas consideradas «contrarias a su dignidad personal».
La propuesta modifica el alcance de ese delito al cambiar incluso su denominación de «ultraje» por «ultraje jurisdiccional». Así, la sanción dejaría de aplicarse a los ciudadanos que ofendan a los funcionarios del Gobierno en general y solo abarcaría los insultos dirigidos contra jueces, miembros del Ministerio Público y secretarios judiciales.
